Los planes y estrategias nacionales para el desarrollo identifican las prioridades de desarrollo y articulan la forma de implementarlas, financiarlas y supervisarlas. Generalmente, la consideración o inclusión de los compromisos con la igualdad de género no es la apropiada en las etapas de diseño, implementación y financiación de los planes. Pese a los esfuerzos para formular planes nacionales de acción para la igualdad de género y estrategias sectoriales con enfoque de género, estos raramente se encuentran integrados al establecimiento de las prioridades y planes de desarrollo. La aplicación de los compromisos con la igualdad de género exige que los gobiernos adopten una serie de medidas, entre ellas, la formulación de políticas que supriman la discriminación de género y garanticen los derechos de las mujeres. Dichas medidas requieren recursos económicos, capacidad institucional y sistemas de rendición de cuentas que deberían integrarse a los planes y presupuestos nacionales para permitir su implementación.
Los ministerios de finanzas tienen el mandato de establecer sistemas de gestión de las finanzas públicas, determinar los topes presupuestarios y garantizar marcos macroeconómicos idóneos. El análisis de género ayuda a los ministerios de finanzas a tomar mejores decisiones presupuestarias, pues ponen de relieve las disparidades de género y los efectos del gasto y la recaudación de fondos públicos sobre las mujeres y las niñas.
ONU Mujeres apoya los esfuerzos para incorporar la dimensión de género en los planes y estrategias nacionales de desarrollo, así como en las estrategias sectoriales mediante la provisión de asistencia técnica a sus asociados nacionales. A título de ejemplo, un total de 43 países formularon planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales sensibles al género como resultado del apoyo prestado por ONU Mujeres. Hay iniciativas en marcha para incidir en las leyes y marcos presupuestarios nacionales, especialmente en el contexto de la reforma de la gestión de las finanzas públicas en curso. Esto implica trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, en particular con los grupos de mujeres, para supervisar la política, planificación y asignaciones gubernamentales para la transparencia presupuestaria.
